Molino Harinero Romano en el Corredor Verde del Guadiamar

Ha habido proyectos de inyección de gas en el subsuelo de Doñana. No sé si esos proyectos se prolongaban o si hubo alguno que pretendía alcanzar también el área del Guadiamar, que está relativamente cerca, dependiendo de si se considera el curso bajo o medio del río. Por el momento, han sido detenidos, aunque no sabemos si se retomarán en el futuro.

El almacenamiento de gas en cisterna requiere que se mantenga en estado líquido, lo que implica enfriarlo a 170 grados bajo cero, un proceso que supone un gasto considerable de energía. Por esta razón, a las compañías les resulta más barato encontrar cavidades en el subsuelo para almacenarlo. Hubo una movilización ciudadana relativa y, entre otros factores, esto contribuyó, junto con las alegaciones y los recursos de alzada presentados contra estos proyectos, a que fueran paralizados temporalmente. Sin embargo, no sabemos si en el futuro se retomarán…

La expresión “corredor verde del Guadiamar” es, en realidad, hipócrita. Yo diría que más que hipócrita, es cínica. Existen carteles que indican “prohibido excavar”, pero en su momento también había carteles que advertían: “prohibido pastar”, “prohibido recolectar”, “prohibido cazar”, “prohibido pescar”. Muchos de estos han desaparecido y no se reponen.

Para quienes no están informados o viven de espaldas a las circunstancias actuales, estas prohibiciones pueden parecer medidas de protección para la naturaleza. Sin embargo, la realidad es otra: el suelo sigue presentando diversos grados de contaminación por metales pesados. Aunque la acidez del agua tiende a neutralizarse, la contaminación persiste. Por eso, la expresión “corredor verde” es claramente hipócrita o cínica, porque en realidad no tiene nada de verde. Aunque la vegetación ha proliferado, esta absorbe los metales pesados y los redistribuye en el entorno, afectando a microorganismos, gusanos, pájaros, y, en última instancia, introduciéndolos en la cadena trófica.

Cuando ocurre un desastre como el de Aznalcóllar, no se trata simplemente de limpiar una zona, acotarla y convertirla en un corredor verde de inmediato. Debemos entender que la contaminación tiene un efecto a largo plazo. El corredor verde del Guadiamar fue limpiado, se retiraron los lodos y se hizo lo mejor que se pudo, dadas las características extremadamente nocivas de este tipo de contaminación por sulfuros.

Sin embargo, este tipo de contaminación no ocurre en episodios aislados: las minas y los residuos mineros actúan como focos permanentes. De manera recurrente, especialmente en épocas de lluvia, vuelven a contaminar el entorno. En otras palabras, el río Guadiamar está siendo permanentemente recontaminado.

Se ha hablado también de los sulfuros y del acuífero que está en contacto con ellos. Finalmente, todo está conectado: el agua no respeta los decretos legales. Desde el acuífero aluvial, los residuos que siguen presentes en las montañas de estériles —que, en realidad, no son nada estériles— continúan su actividad contaminante.

Los llamados “pasivos ambientales” de la minería de sulfuros no son nada pasivos; al contrario, son altamente activos. Lo que ha quedado en la base del sistema sigue funcionando como un foco de contaminación que permanecerá allí por muchísimo tiempo.

Torre Carbonero. Desembocadura del Río Guadiamar

Por un lado, está el sobreconsumo intensivo que afecta al sector turístico, sobre todo en Matalascañas, y por otro lado, con igual importancia, la extracción legal, y en gran parte ilegal, de agua para el riego de la agricultura intensiva de frutos rojos en el entorno de los humedales. No me refiero a la Bahía, sino a los humedales y a las marismas del Guadiamar.

El acuífero Almonte-Marismas —creo que su número es el 27, o al menos lo era— está sobreexplotado. Por un lado, sufre una extracción excesiva, y por otro, está sometido a un riesgo cierto de contaminación por los productos químicos que se emplean en grandes cantidades en la agricultura intensiva.

Estamos poniendo en serio peligro las condiciones de vida y la base misma para una explotación respetuosa con el entorno. Además, la desembocadura del Guadiamar, un río que desde mediados del siglo XIX enfrenta un problema de contaminación por metales pesados provenientes de la mina del Castillo de las Guardas y de Aznalcóllar, agrava la situación.

A esto hay que sumar el desastre de la rotura de la balsa de residuos de Aznalcóllar, en la que aún permanecen aproximadamente 13 millones de metros cúbicos de lodos y agua extremadamente ácida. Estos residuos, como era de esperarse, están filtrándose al acuífero subyacente, identificado en la conservación hidrográfica como acuífero aluvial de los ríos Agrio y Guadiamar.

Todas estas son amenazas que el industrialismo —como me gusta llamarlo— impone sobre las condiciones mismas de la vida. La ideología industrialista, basada en el incremento de la producción y en magnitudes matemáticas inventadas por los economistas, como el PIB y otros indicadores, lleva mucho tiempo en vigor. Sin embargo, recientemente se ha convertido en una amenaza no solo para el futuro, sino para la vida saludable en el presente.

Existe una conciencia ecológica epidérmica, muy superficial o, digamos, fácilmente influenciable para la mayoría de la ciudadanía, proclive a dejarse convencer no por argumentos, sino por argucias o incluso añagazas que se le presenten. Esta conciencia ecológica, tan superficial o fácilmente satisfecha, permite que el negocio en general desarrolle un discurso completamente falso. Todo el mundo sabe que es mentira, pero nos conformamos con la apariencia y la hipocresía.

En cuanto a la legislación, la normativa minera ha sido elaborada básicamente por las propias compañías mineras, no solo en España, sino también en Europa, y esta tendencia se está acentuando. La nueva directiva europea sobre los materiales, ahora denominados "materias primas estratégicas" —una expresión que sugiere un enfoque cada vez más vinculado al ámbito militar—, refuerza esta dinámica.

Así, la legislación ambiental está claramente supeditada a esta normativa productiva y extractiva. No la cuestiona, sino que exige una tapadera, unas formas, una apariencia que simule que todo está bajo control. Sin embargo, todo el mundo sabe que no lo está. Y no solo las compañías mineras, que operan bajo la lógica de "domino o soy dominado" para no ser absorbidas unas por otras, sino también la propia ciudadanía, los sindicatos llamados mayoritarios y la sociedad en su conjunto.

Río Olivargas. Mina de Aguas Teñidas

Las compañías no ocultan, por ejemplo, que la nueva balsa en Valdelamusa —que, según tengo entendido, tendrá una capacidad de entre 15 y 20 millones de metros cúbicos de lodos— quedará ahí de manera permanente. La propia compañía propietaria, en este caso la multinacional australiana Sandfire, afirma que estará operativa durante 15 años. Es decir, van a estar vertiendo residuos durante 15 años y, sin decirlo abiertamente, dan por sentado que esa balsa quedará allí para la eternidad. Quince años de explotación a cambio de una eternidad de residuos.

En la mina de Aguas Teñidas, o en la mina Cobre Las Cruces, en Gerena (Sevilla), las compañías, debido a la legislación vigente, a sus propios intereses comerciales y para evitar escándalos que puedan dañar su imagen y, por ende, su cotización en bolsa, logran contener, disimular y gestionar los vertidos colosales que genera la minería mientras están operando. Controlan que nada salga del recinto minero y, si ocurre algún escape, lo recogen de inmediato e incluso indemnizan a los afectados o, si no pueden indemnizar, compran el silencio.

En esto ha cambiado la minería de sulfuros respecto a cómo operaba hasta los años 60 o 70 del siglo pasado. Antes, durante el periodo de explotación, las compañías ni siquiera intentaban disimular nada: los residuos fluían libremente al entorno y a los ríos. Ahora, en cambio, los retienen dentro del recinto minero. Paradójicamente, el verdadero problema comienza cuando los mineros se van. Y los mineros siempre se van. Los que se quedan son solo los desgraciados que han tenido que bajar a la mina, que se han contaminado al estar en primera línea de exposición a un material altamente peligroso como los sulfuros.

Según la legislación, las compañías están obligadas a administrar los residuos durante los dos primeros años tras el cierre de la mina. A partir del tercer año, esos residuos quedan abandonados y su gestión recae en las administraciones públicas o en otra mina que llegue después. Pero si no hay otra mina, la carga siempre acaba recayendo en el Estado, es decir, en Hacienda, que somos todos. Es la misma historia de siempre: privatización de beneficios y socialización de costes, pero en el caso de la minería, en proporciones colosales.

Cuando la mina de Aguas Teñidas deje de ser rentable o cuando cambien las condiciones del mercado, se cerrará. Pero ninguna mina de sulfuros se cierra realmente: simplemente se abandona. Y, al cabo de unos años, empezará a mostrar sus efectos devastadores, como ha ocurrido desde finales del siglo XIX con todas y cada una de las minas que se han abierto en esta zona, que siguen siendo focos de contaminación para los ríos.

Si no fuera por estos residuos, los ríos no seguirían envenenados. Si la contaminación hubiera sido solo un episodio aislado en el siglo XIX, el agua ya los habría limpiado con el paso de los años, aunque quedaran algunos residuos. Pero los sulfuros siguen allí y seguirán por generaciones.

Los historiadores de la minería en la etapa industrial —porque la minería industrial no tiene nada que ver con la minería preindustrial— coinciden en que la oposición más fuerte y sostenida a esta actividad ha provenido siempre de los agricultores y ganaderos. Esto se debe a que el agua, esencial para sus actividades, es envenenada tarde o temprano, de manera más o menos intensa, por la minería.

En todo el mundo, desde Japón hasta el continente americano, ha sido siempre así. Sin embargo, resulta interesante analizar por qué aquí no está ocurriendo del mismo modo. El sector turístico y el sector agrícola ya están objetivamente perjudicados. Además, el sector agrícola vive bajo una espada de Damocles: si un día aparece la noticia de que hay trazas de metales pesados en sus productos, su imagen puede verse gravemente afectada. Y una vez dañada, recuperar la reputación de un producto es una tarea complicada.

Mina La Poderosa

Esta es una economía colonial, de colonia. Primero lo fue con alguna presencia francesa, pero luego, casi en su totalidad, la minería en Andalucía —especialmente en Andalucía Occidental, que es la que mejor conozco— quedó bajo control anglosajón, concretamente de la Commonwealth. El flujo de capitales en Andalucía responde a esta historia geopolítica.

Básicamente, estamos ante una economía colonial, o como dicen ahora algunos analistas, extractivista: se extraen grandes cantidades de recursos que se marchan fuera y aquí no queda ningún valor añadido. Y aunque "valor añadido" es un concepto de economistas en el que yo no creo, lo uso para hacerme entender.

El mayor grado de colonización que puede alcanzar un territorio no es solo ser explotado, sino no ser consciente de que es una colonia. Ese es el grado superior de la colonización. Otros pueblos colonizados saben que lo son, lo soportan e intentan resistirse. Sin embargo, en Andalucía no somos conscientes de nuestra propia condición colonial.

Todas las explotaciones cercanas al Odiel, como la mina La Poderosa, siguen la misma historia: cuando no llega ninguna empresa nueva a reabrirlas o reexplotarlas, quienes dependían de ellas o mueren o se ven obligados a marcharse. Esta es la historia de la minería aquí y en cualquier parte del mundo.

Si estudias la historia minera, verás que la demanda de mano de obra ha sido muy intensiva durante ciertos períodos, aunque cada vez menos, debido a la mecanización y automatización. Pero hasta mediados del siglo XX, fue una actividad altamente demandante de mano de obra, aunque se trataba de una mano de obra extremadamente precaria, sin derechos ni protección.

La minería reclutaba a los sectores más desfavorecidos, a los más pobres, a aquellos que, sin más alternativa, se veían obligados a emigrar. Bajar a una mina nunca ha sido atractivo para nadie. Esa historia de miseria, explotación, muerte, accidentes laborales fatales y desprecio no está escrita como debería. Gente que llegó sin nada, buscando un salario miserable a costa de arriesgar su vida y envenenarse, para que luego, al cerrarse la mina, tuvieran que hacer nuevamente las maletas.

Las administraciones se han apropiado del discurso de que la minería ha estado presente aquí desde tiempos inmemoriales. Para justificar su continuidad, repiten el relato de la "edad de los metales". Pero este argumento es tramposo. No solo aquí, sino en todo el mundo, desde Japón hasta el otro extremo del Viejo Continente, ha habido minería desde la Edad de los Metales. Pero la minería preindustrial no tiene nada que ver con la industrial.

Hasta finales del siglo XIX y principios del XX, la escala de explotación era infinitamente menor. En el caso de Andalucía Occidental, esto está demostrado y contrastado. Hay bibliografía con fuentes primarias que confirma que entre 1850 y 2000 se ha extraído tres veces más cobre que en todo el período que abarca desde el Neolítico hasta el siglo XIX. Es decir, estamos en una escala completamente diferente.

Sin embargo, este relato es útil para quienes buscan justificar la continuidad del saqueo. Llega a una ciudadanía ya predispuesta a aceptar cualquier cosa y que, como en la fábula del traje nuevo del emperador, se esfuerza en ver algo valioso donde en realidad no hay nada.

Cementerio Municipal de Lucena del Puerto. Río Tinto

Esas comarcas, como Riotinto y Tarsis, han producido grandes cantidades de cobre y otros metales. Pero si pasas por Riotinto y Tarsis podrás ver cuánta riqueza ha quedado allí de todo lo que supuestamente generó la minería. La realidad es que la minería es pobreza, y esta es una constatación histórica, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo donde hay minería. Los dueños de las compañías nunca viven en el entorno de las minas; rara vez las visitan, y ni siquiera necesitan hacerlo. En cambio, quienes viven allí son los trabajadores explotados, desde los ingenieros de menor rango hasta los operarios y los desgraciados que se ven obligados a descender a la mina.

Hasta hace dos siglos, redondeando cifras, para que un hombre bajara a una mina había que encadenarlo; de lo contrario, no lo hacía. Hoy, fíjate cuánto ha "progresado" la ideología del trabajo: los obreros y los defensores de la clase obrera se encadenan en las minas para que no los saquen.

El chantaje del empleo, con la complicidad de los sindicatos llamados de clase y mayoritarios, sigue siendo tremendamente eficaz para que las compañías mineras tengan vía libre para continuar devastando.

Ellos no ocultan que se trata de una explotación con una duración de 15, 12 o 18 años, prorrogable en algunos casos. Lo que no dicen es que, si los metales bajan de precio o surgen otras circunstancias, pueden marcharse antes de los 15 años sin ninguna consecuencia, ya que no hay manera de retenerlas.

Laguna Intermitente de la Turmas. Parque Natural Las Peñuelas

Proyectos como el gasoducto Poseidón de Repsol, que es minería energética —otro tipo de minería, en este caso, de extracción de gas—, han demostrado en varias ocasiones, en toda esta zona de Andalucía Occidental, que las poblaciones son mucho más sensibles a aquellos residuos que llegan y son calificados formalmente como basura para un vertedero.

En Gibraleón, por ejemplo, hubo una movilización que duró un año y medio, con detenidos y huelgas de hambre, logrando frenar el primer intento de ubicar allí un vertedero, que finalmente se instaló en Nerva. En Nerva, la oposición se mantuvo durante tres años y dividió a la sociedad local y a las familias entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la instalación del vertedero.

En Aznalcóllar, un pueblo claramente pro minero, también se organizó una oposición que logró rechazar un proyecto de vertedero de neumáticos y una incineradora que, no sé si era exclusivamente para neumáticos o para otros residuos, pero que incluía neumáticos entre ellos. Sin embargo, las mismas poblaciones que rechazan estos vertederos asumen, e incluso con entusiasmo, la reapertura de minas, a pesar de que estas generan enormes cantidades de residuos con la misma toxicidad, o incluso mayor, que un vertedero industrial.

La minería arrasa, devasta y, por tanto, hace inviable cualquier otra alternativa de desarrollo, salvo en casos excepcionales como Riotinto, donde, con un fuerte apoyo institucional, se ha convertido en una atracción turística para visitar una zona devastada y muerta, un verdadero foco de muerte. No hay ninguna otra experiencia, a pesar de los intentos con apoyo público, que haya logrado siquiera consolidarse como una alternativa turística.

Es decir, una comarca minera queda condenada a seguir dependiendo de la minería o desaparecer. Mientras que en otros sectores las actividades pueden sustituirse o evolucionar, la minería, especialmente la de sulfuros —que es la que predomina aquí—, destruye el entorno y envenena las aguas, impidiendo cualquier otra posibilidad de desarrollo. Por eso, la gente que permanece en estas zonas solo espera la llegada de otra mina, porque, si no hay mina, no hay nada.

Esto es el chantaje del puesto de trabajo, un chantaje orquestado por la gran industria minera multinacional y respaldado por los gobiernos, tanto los anteriores como el actual, que comparten un consenso absoluto en su apoyo a la minería, abriendo completamente las fronteras a esta actividad sin exigir contrapartidas.

Félix Talego Vázquez

Félix Talego Vázquez es profesor titular de Antropología Social en la Universidad de Sevilla, con una vasta trayectoria en el estudio de las interacciones entre las sociedades humanas y su entorno. Su trabajo se ha centrado, a través de un enfoque crítico, en cómo las estructuras de poder influyen en la gestión de los recursos y en la sostenibilidad ecológica. En particular, su labor aborda las tensiones entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, un asunto central en la minería de Andalucía Occidental.