Las compañías no ocultan, por ejemplo, que la nueva balsa en Valdelamusa —que, según tengo entendido, tendrá una capacidad
de entre 15 y 20 millones de metros cúbicos de lodos— quedará ahí de manera permanente. La propia compañía propietaria,
en este caso la multinacional australiana Sandfire, afirma que estará operativa durante 15 años. Es decir, van a estar
vertiendo residuos durante 15 años y, sin decirlo abiertamente, dan por sentado que esa balsa quedará allí para la
eternidad. Quince años de explotación a cambio de una eternidad de residuos.
En la mina de Aguas Teñidas, o en la mina Cobre Las Cruces, en Gerena (Sevilla), las compañías, debido a la legislación
vigente, a sus propios intereses comerciales y para evitar escándalos que puedan dañar su imagen y, por ende, su
cotización en bolsa, logran contener, disimular y gestionar los vertidos colosales que genera la minería mientras
están operando. Controlan que nada salga del recinto minero y, si ocurre algún escape, lo recogen de inmediato e incluso
indemnizan a los afectados o, si no pueden indemnizar, compran el silencio.
En esto ha cambiado la minería de sulfuros respecto a cómo operaba hasta los años 60 o 70 del siglo pasado. Antes,
durante el periodo de explotación, las compañías ni siquiera intentaban disimular nada: los residuos fluían libremente
al entorno y a los ríos. Ahora, en cambio, los retienen dentro del recinto minero. Paradójicamente, el verdadero problema
comienza cuando los mineros se van. Y los mineros siempre se van. Los que se quedan son solo los desgraciados que han
tenido que bajar a la mina, que se han contaminado al estar en primera línea de exposición a un material altamente
peligroso como los sulfuros.
Según la legislación, las compañías están obligadas a administrar los residuos durante los dos primeros años tras el
cierre de la mina. A partir del tercer año, esos residuos quedan abandonados y su gestión recae en las administraciones
públicas o en otra mina que llegue después. Pero si no hay otra mina, la carga siempre acaba recayendo en el Estado,
es decir, en Hacienda, que somos todos. Es la misma historia de siempre: privatización de beneficios y socialización
de costes, pero en el caso de la minería, en proporciones colosales.
Cuando la mina de Aguas Teñidas deje de ser rentable o cuando cambien las condiciones del mercado, se cerrará. Pero ninguna
mina de sulfuros se cierra realmente: simplemente se abandona. Y, al cabo de unos años, empezará a mostrar sus efectos
devastadores, como ha ocurrido desde finales del siglo XIX con todas y cada una de las minas que se han abierto en esta
zona, que siguen siendo focos de contaminación para los ríos.
Si no fuera por estos residuos, los ríos no seguirían envenenados. Si la contaminación hubiera sido solo un episodio
aislado en el siglo XIX, el agua ya los habría limpiado con el paso de los años, aunque quedaran algunos residuos. Pero
los sulfuros siguen allí y seguirán por generaciones.
Los historiadores de la minería en la etapa industrial —porque la minería industrial no tiene nada que ver con la minería
preindustrial— coinciden en que la oposición más fuerte y sostenida a esta actividad ha provenido siempre de los
agricultores y ganaderos. Esto se debe a que el agua, esencial para sus actividades, es envenenada tarde o temprano,
de manera más o menos intensa, por la minería.
En todo el mundo, desde Japón hasta el continente americano, ha sido siempre así. Sin embargo, resulta interesante
analizar por qué aquí no está ocurriendo del mismo modo. El sector turístico y el sector agrícola ya están objetivamente
perjudicados. Además, el sector agrícola vive bajo una espada de Damocles: si un día aparece la noticia de que hay trazas
de metales pesados en sus productos, su imagen puede verse gravemente afectada. Y una vez dañada, recuperar la reputación
de un producto es una tarea complicada.
